La aplicación de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en nuestro país, y muy en particular aquellas que se refieren a la competencia desleal (Dumping), ha cobrado inusitado vigor en el curso del presente año.

Varios factores han confluido para que esto ocurriese entre los que cobran relevancia las crisis asiática y brasilera, una mayor disposición de las autoridades de atender estas cuestiones y una muy fuerte presión de las entidades representativas empresarias.

Como consecuencia de esto se han multiplicado las denuncias de Dumping. Muchas de ellas son legítimas mientras que otras aprovechan la circunstancia procurando lograr, por esta vía, niveles de protección que le son negados por otro camino.

El trámite que involucra una denuncia de Dumping no es ni simple ni corto. Sin embargo cada vez es mayor la predisposición a encararlos. Una denuncia debe ser llevada a cabo por empresas representativas del sector.

El Estudio Sur tiene una muy particular especialización en este campo ya que sus integrantes han tenido, durante años, la oportunidad de participar activamente en este terreno tanto desde la óptica pública como la privada.

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El instrumento de la Cláusula de Salvaguardia es otra de las herramientas permitidas por la OMC destinadas a lograr protección arancelaria ante la imposibilidad de competir exitosamente con el exterior.

Aquí ya no es necesario demostrar la existencia de competencia desleal, sino probar que un sector determinado de la industria ha sufrido un daño grave como consecuencia de un crecimiento de las importaciones.

Este es también un proceso complejo en el que deben cumplirse con prolijidad los requisitos establecidos por las normas, a la vez de llevar adelante una presentación sumamente completa de la situación económica del sector peticionante. A esto debe adjuntarse un programa de reajuste del mismo.

Nuestro Estudio ha trabajado intensamente en los dos únicos casos de Salvaguardia que se han tramitado en la Argentina habiendo recogido de esta manera experiencias sumamente enriquecedoras.

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Como en los dos casos anteriores, la actividad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – que es el organismo que tiene a su cargo la aplicación de esta norma – ha visto multiplicada su actividad como consecuencia del proceso de desregulación que ha vivido el país.

Durante los largos años de controles de precios y economía cerrada, no tenía demasiada cabida la aplicación de la Ley 22.262 ya que la mismas políticas económicas eran las que generaban y, en muchos casos, validaban conductas anticompetitivas.

Hoy eso ha cambiado esencialmente y las Autoridades están crecientemente sensibilizadas por el hecho de que si se ha confiado en que el elemento regulador de la economía deba ser el funcionamiento de un intenso nivel de competencia, no puede permanecer indiferente ante la existencia de prácticas que restrinjan esa competencia.

El mismo sector privado ha tomado conciencia de la mayor aptitud del Gobierno para atender situaciones de esta naturaleza por lo cual está cada vez más proclive a tener en cuenta la eventual utilización de esta legislación a la vez que también existe una mayor prudencia ante la posibilidad de caer inadvertidamente al margen de la norma.

El dictado de una nueva ley determina que las fusiones y adquisiciones deben ser notificadas previamente a la Autoridad de Aplicación solicitando la aprobación de la operación. Esto requiere de cuidadosas presentaciones en las cuales el Estudio Sur ya ha estado particularmente activo.

El Estudio cuenta con un equipo interdisciplinario con una larga experiencia en la materia.

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